Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por la que se desestimó el recurso de responsabilidad patrimonial de la Administración solicitada por un hospital como consecuencia de la reordenación asistencial motivada por la situación de pandemia. Se argumenta por el Hospital que la autoridad sanitaria impuso de forma directa la puesta a disposición del centro y la paralización de su actividad asistencial normal no urgente. Pero las medidas que adoptó el organismo sanitario no eran imperativas, sino recomendaciones para las que estaba plenamente facultado. El concierto entre el hospital y el servicio de sanidad no se vio alterado, ni modificado, por el estado de alarma, ni tampoco por la Instrucción del gerente de sanidad.
Resumen: En respuesta a la pretendida nulidad y subsidiaria improcedencia de un despido (al ignorar la causa que motivó una decisión disciplinaria vinculada, según alega a la situación de IT por COVID) que se produce sin incumplimientos previos del trabajador, se remite el Juez a quo a la regulación convencional de un período de prueba que sus negociadores fija en dos meses para la categoría del demandante; circunscribiendo aquél la cuestión litigiosa en los limites de una facultad (en principio, libre y sin preaviso) de desistimiento que la norma atribuye al empleador. Lo que impide considerar (en aplicación al caso de una consolidada doctrina judicial sobre la materia) que se haya producido la vulneración que se alega de un derecho fundamental pues de la sola coincidencia (temporal) entre la data de la comunicación extintiva y aquélla en que se produce la citación judicial de la demandante como presunta víctima de violencia de género no puede seguirse la vulneración denunciada al no acreditarse su vinculación con el ejercicio de un derecho de tal clase cuando es así que la empresa alega descontento en la forma de realizar el trabajo como recepcionista.
Resumen: Confirma la sentencia que declaró el incumplimiento por la concursada del convenio y la apertura de la fase de liquidación. Considera probado que el crédito del acreedor instante del incidente fue impagado a partir de agosto de 2019 y rechaza el argumento de que el acreedor se habría hecho cobro de la deuda concursal ordinaria mediante supuestos embargos y derivaciones de responsabilidad frente a terceros, no sólo por la falta de prueba, sino también porque es un expreso reconocimiento de la concursada de no haber cumplido voluntariamente las obligaciones de pago aplazado asumidas con la acreedora que ha ejercitado la acción de incumplimiento, sin haber hecho uso de los mecanismos legalmente previstos para modificar el convenio ni que haya solicitado la apertura de la fase de liquidación a pesar del amplio periodo de impago reconocido de más de dos años. No obstante, introduce el matiz de que la declaración de incumplimiento del convenio no lo rescinde, sino que lo resuelve con el alcance que determina la ley para así preservar, en general y a salvo las acciones de anulación o rescisorias que puedan promoverse, los actos realizados por el concursado o por terceros en ejecución del convenio aprobado, sin que el pago posterior al ejercicio de la acción realizado por la concursada por sí sólo no enerva la acción, ni convierte el incumplimiento en mero retraso.
Resumen: Se impugna el acuerdo aprobatorio de los nuevos Estatutos sociales. El voto del demandante a favor del acuerdo por el que se aprobaron los nuevos estatutos sociales que se adjuntaron al Acta de la Junta Universal, fue emitido por un evidente error de consentimiento motivado por un engaño realizado dolosamente, con mala fe y fraude de ley por sus dos hermanos. La Audiencia declara que la causa de impugnación invocada -sustentada en vicio del consentimiento- resulta improcedente con arreglo al régimen legal de impugnación de acuerdos sociales. De hecho, la desaparecida distinción entre acuerdos nulos y anulables también resultaba ajena a las respectivas categorías referidas a la teoría del negocio jurídico. No resulta admisible que la impugnación del acuerdo se refiera, no a la emisión del voto en sí, sino al sentido por el que el socio emite válidamente su voto y a la influencia que sobre dicho voto hubiera podido proceder de terceros (por acuerdos previos o no, o por manifestaciones de otros socios) o al error de quien emite el voto, formación de la voluntad del socio que resulta ajena a la sociedad y al procedimiento de adopción del acuerdo social.
