Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resumen: Se analiza la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador por impago de salarios, planteándose la exigibilidad del mantenimiento de la relación laboral hasta que recaiga sentencia. Consta que la empresa concedió vacaciones a la plantilla del 16 a 20 de marzo de 2020 y que instó un ERE que fue denegado por la Administración el 14/4/20; fecha en la que la empresa concedió a los trabajadores un permiso retribuido durante toda la vigencia del estado de alarma. Y el 15/6/2020 concedió a los trabajadores permiso retribuido por tiempo indefinido. El 24/6/20 el actor presentó demanda instando la resolución del contrato por impago de salarios desde el mes de febrero de 2020. La Sala IV, tras remitirse a la doctrina que ha flexibilizado el cumplimiento del requisito de que esté vigente la relación laboral para poder plantear la acción resolutoria, considera que no había habido una conducta concluyente de la empresa reveladora de su intención inequívoca de extinguir la relación laboral, lo que excluye la existencia de un despido tácito previo a la demanda resolutoria. La conducta de la empresa, concediendo vacaciones, instando el ERE, y concediendo un permiso retribuido indefinido dificulta la apreciación de existencia de un despido tácito y tal incertidumbre es achacable a la mercantil y no puede perjudicar al trabajador. Se estima el recurso y se declara la extinción indemnizada del contrato.
Resumen: Siguiendo el veredicto del Jurado, se declara probado que el acusado apuñaló de modo sorpresivo y repetidamente a su padre, con un cuchillo de quince centímetros de hoja. Teniéndose en cuenta, además, que los hechos se desarrollaron en un espacio relativamente pequeño, sin rastros de lucha previa o de alguna reacción defensiva por parte del agredido, y a pesar de que éste llegara a interponer su brazo, se aprecia la circunstancia cualificante de alevosía, lo cual, conforme a la doctrina jurisprudencial, no es incompatible con la acreditación de señales de defensa como mera autoprotección, sin compromiso o riesgo para la integridad física de agresor. El acusado estaba diagnosticado años atrás de esquizofrenia paranoide, presentando un empeoramiento de su situación como consecuencia de las restricciones y situación socio-sanitaria propia del estado de pandemia (COVID-19), que afectaron negativamente al control y tratamiento médico de su trastorno. No habiendo acreditado que obrara bajo los efectos de un brote psicótico, se determina no una anulación sino una disminución sensible en su capacidad para comprender la trascendencia de su comportamiento o en su capacidad para actuar conforme a esta comprensión o controlar sus impulsos. Se aprecia la atenuante de reparación del daño por haber dispuesto el acusado de su patrimonio en favor de sus hermanos que se dan por resarcidos. Se acuerda como medida de seguridad en internamiento en centro psiquiátrico penitenciario.
Resumen: La sociedad demandante es una de las dos sociedades holdings que son socios de la sociedad demandada, detrás de las cuales están los que son en realidad los socios y administradores. Se trata de una sociedad en la que siempre se han celebrado juntas universales hasta que en el año 2019 comienzan a surgir problemas entre los socios, por la falta de distribución de los dividendos, y uno de los administradores convoca una Junta general mediante la publicación el BORME y en un periódico provincial, tal y como disponen los Estatutos de conformidad con el artículo 173.1 LSC. En la Junta celebrada sin la asistencia del demandante se aprovechó para cesarle en su cargo de administrador y para nombrar a la hija del administrador convocante. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda. Se considera que, aunque la convocatoria se hizo conforme a lo dispuesto en los Estatutos, sin embargo se intentó de forma intencionada que no llegara a conocimiento del demandante, que vivía en Portugal y que difícilmente iba a leer el Boletín, confiado en que la convocatoria se haría como siempre se había hecho, de forma personal al domicilio de los socios.
